Redacción Política
political@elcomercio.com
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La vigilancia del Palacio de Gobierno es estricta. Los militares, ahora encargados de la seguridad interna, montaron un operativo especial para proteger al presidente Rafael Correa.
Solo ministros, funcionarios del Gobierno y periodistas tenían permiso para acceder a la Casa Presidencial. La entrada estaba prohibida para cualquier otra persona, la restricción abarcaba las calles aledañas al complejo presidencial.
En el interior de Carondelet, varios ministros acudieron para dialogar con el presidente Correa. El Primer Mandatario mantuvo una reunión durante la mañana y tarde con el área de Seguridad.
En la cita estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño; del Interior, Gustavo Jalkh; de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, el Secretario de Inteligencia, Francisco Jijón; el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y el alcalde de Quito, Augusto Barrera.
No se conocieron los detalles de la charla. Pero se dijo que el Primer Mandatario tomará una decisión a partir de los informes que recibió de sus ministros.
Patiño, antes de ingresar al Palacio, dijo que la insubordinación policial fortalecerá al Régimen, sobre todo “por el gran apoyo popular”. Sin embargo, aseguró que no todo está en calma.
“Este intento golpista aún no ha pasado del todo. Está superada la situación, pero no podemos confiarnos, posiblemente tenga un rebrote y a esas células hay que buscarlas y destruirlas. Hay preocupación, las raíces del intento de golpe de Estado están todavía en alguna gente y por tanto no podemos estar tranquilos”.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, aseguró que no se “trató de un movimiento reivindicatorio sino de un intento de golpe de Estado... En las próximas horas, el propio Presidente hará anuncios, estamos en evaluación, hay circunstancias que serán valoradas”.
Sobre el trámite de la Ley de Servicio Público, aseguró que desde el Gobierno se planteó que se armará un acuerdo político para revisar el texto de la norma, luego de que fuera aprobada. Ese fue uno de los acuerdos a los que se llegó entre el Ejecutivo y la bancada legislativa de Alianza País; pero ese criterio no tuvo el respaldo de otras fuerzas políticas de la Asamblea y de funcionarios públicos.
Solo ministros, funcionarios del Gobierno y periodistas tenían permiso para acceder a la Casa Presidencial. La entrada estaba prohibida para cualquier otra persona, la restricción abarcaba las calles aledañas al complejo presidencial.
En el interior de Carondelet, varios ministros acudieron para dialogar con el presidente Correa. El Primer Mandatario mantuvo una reunión durante la mañana y tarde con el área de Seguridad.
En la cita estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño; del Interior, Gustavo Jalkh; de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, el Secretario de Inteligencia, Francisco Jijón; el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y el alcalde de Quito, Augusto Barrera.
No se conocieron los detalles de la charla. Pero se dijo que el Primer Mandatario tomará una decisión a partir de los informes que recibió de sus ministros.
Patiño, antes de ingresar al Palacio, dijo que la insubordinación policial fortalecerá al Régimen, sobre todo “por el gran apoyo popular”. Sin embargo, aseguró que no todo está en calma.
“Este intento golpista aún no ha pasado del todo. Está superada la situación, pero no podemos confiarnos, posiblemente tenga un rebrote y a esas células hay que buscarlas y destruirlas. Hay preocupación, las raíces del intento de golpe de Estado están todavía en alguna gente y por tanto no podemos estar tranquilos”.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, aseguró que no se “trató de un movimiento reivindicatorio sino de un intento de golpe de Estado... En las próximas horas, el propio Presidente hará anuncios, estamos en evaluación, hay circunstancias que serán valoradas”.
Sobre el trámite de la Ley de Servicio Público, aseguró que desde el Gobierno se planteó que se armará un acuerdo político para revisar el texto de la norma, luego de que fuera aprobada. Ese fue uno de los acuerdos a los que se llegó entre el Ejecutivo y la bancada legislativa de Alianza País; pero ese criterio no tuvo el respaldo de otras fuerzas políticas de la Asamblea y de funcionarios públicos.
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